Por déficit tarifario en España, se entiende la diferencia entre la recaudación por las tarifas reguladas que fija el gobierno y que pagan los consumidores y los costes reales asociados a dichas tarifas. Está produciendo graves problemas que, en el contexto actual de crisis financiera internacional, está afectando profundamente al sistema y pone en riesgo, no sólo la situación financiera de las empresas del sector eléctrico, sino la sostenibilidad misma del sistema.Con la Ley 54/1997 se establecía la paulatina liberalización del sector eléctrico en España que concluyó el 1 de enero de 2003. Esta liberalización se ha producido en el mercado mayorista (grandes consumidores) pero no ha terminado de implantarse al mercado minorista que sigue intervenido mediante la atribución que el RDL 6/2009 le permite gracias a la denominada tarifa de último recurso. Esta tarifa a la que se acogen prácticamente todas las familias españolas (potencia inferior a 10 kW), está intervenida por el gobierno y su evolución depende de intereses políticos.
El RDL 6/2009, además, tiene como principal objetivo reducir el déficit tarifario que desde la aprobación de la Ley 54/1997 del sector eléctrico viene incrementándose año tras año.
Otro aspecto que considera este Real Decreto Ley está relacionado con la creación del bono social que tiene como objetivo proteger a los consumidores con unas rentas más reducidas para que no se vean perjudicados en cuanto al acceso del suministro eléctrico.
El Real Decreto Ley establece una hoja de ruta para eliminar el déficit tarifario desde su publicación y hasta 2013, fecha fijada como tope para su eliminación definitiva. De esta forma en el año 2009 el déficit no debía superar los 3.500 millones de euros, en 2010 3.000 millones, en 2011 2.000 millones y en 2012 1.000 millones. Desgraciadamente la realidad ha sido bien distinta y a principios de 2010 el déficit de la tarifa se elevaba a 4.616 millones de euros. Según el compromiso del gobierno la tarifa tendría que haber subido durante 2010 para ajustar esa diferencia. Sin embargo, no se produjo como hubiera sido deseable y necesario.
Este incremento del déficit ha venido condicionado por el anormalmente bajo precio que se impone a la tarifa de último recurso que no refleja el coste real de la producción de energía eléctrica. Por lo tanto, es anterior a las primas que se están concediendo a las energías renovables y no es achacable únicamente a estas.
Además, el incremento del precio del barril del petróleo y de la tonelada de CO2 emitida a la atmósfera , especialmente en el año 2007, no se repercutió en el precio que el consumidor pagaba por lo que hizo que el déficit se incrementara aun más.
Está claro que es necesario un incremento en el precio de la tarifa eléctrica de último recurso y una planificación energética a largo plazo que elimine todas las plantas de producción de energía eléctrica mediante carbón (excesivamente subvencionado y contaminante) que con más de 11.000 MW de potencia instalada (un 12% del total del sistema eléctrico español cifrado en 95.000 MW con todas las tecnologías) contribuye a que exista una sobrecapacidad del sistema eléctrico. Otro de los lastres importantes que se ha venido originando en los últimos años.
Otro aspecto que considera este Real Decreto Ley está relacionado con la creación del bono social que tiene como objetivo proteger a los consumidores con unas rentas más reducidas para que no se vean perjudicados en cuanto al acceso del suministro eléctrico.
El Real Decreto Ley establece una hoja de ruta para eliminar el déficit tarifario desde su publicación y hasta 2013, fecha fijada como tope para su eliminación definitiva. De esta forma en el año 2009 el déficit no debía superar los 3.500 millones de euros, en 2010 3.000 millones, en 2011 2.000 millones y en 2012 1.000 millones. Desgraciadamente la realidad ha sido bien distinta y a principios de 2010 el déficit de la tarifa se elevaba a 4.616 millones de euros. Según el compromiso del gobierno la tarifa tendría que haber subido durante 2010 para ajustar esa diferencia. Sin embargo, no se produjo como hubiera sido deseable y necesario.
Este incremento del déficit ha venido condicionado por el anormalmente bajo precio que se impone a la tarifa de último recurso que no refleja el coste real de la producción de energía eléctrica. Por lo tanto, es anterior a las primas que se están concediendo a las energías renovables y no es achacable únicamente a estas.
Además, el incremento del precio del barril del petróleo y de la tonelada de CO2 emitida a la atmósfera , especialmente en el año 2007, no se repercutió en el precio que el consumidor pagaba por lo que hizo que el déficit se incrementara aun más.
Está claro que es necesario un incremento en el precio de la tarifa eléctrica de último recurso y una planificación energética a largo plazo que elimine todas las plantas de producción de energía eléctrica mediante carbón (excesivamente subvencionado y contaminante) que con más de 11.000 MW de potencia instalada (un 12% del total del sistema eléctrico español cifrado en 95.000 MW con todas las tecnologías) contribuye a que exista una sobrecapacidad del sistema eléctrico. Otro de los lastres importantes que se ha venido originando en los últimos años.
