El Real Decreto Ley 14/2010 aprobado a finales de año para “felicitar” las fiestas navideñas a los productores de energía renovables mediante sistemas fotovoltaicos se ha refrendado en el Congreso de los Diputados por sus señorías.
Cada vez se agotan más y más las posibles vías para buscar una salida consensuada a la crisis que viene padeciendo el sector desde hace dos años. La manifestación a las puertas del Congreso celebrada el día 25 de enero en la que participaron varios cientos de personas no refleja la gravedad de la situación actual y como esta situación afecta a la credibilidad del país y al progreso social y económico que implica el necesario cambio de modelo energético.
Mucho se ha hablado, malintencionadamente, de que la energía solar fotovoltaica es cara que está excesivamente primada y que los productores se están forrando a costa de todos los españoles.
Esto, sin embargo, es falso. Los productores de energía solar fotovoltaica no reciben ni una subvención, ni una prima, ni tan siquiera una ayuda, por producir energía eléctrica. Reciben únicamente una tarifa que está regulada por ley. Por lo tanto, basta ya de hacer creer a la opinión pública que los fotovoltaicos estan ganando cantidades ingentes de dinero gracias a las ayudas estatales.
Todos los productores eléctricos, independientemente de la tecnología que utilicen para producir esta electricidad, reciben una tarifa cada día en el mercado eléctrico por su producción. Algunas renovables, además de esta tarifa, reciben una prima de producción. Es decir, estas últimas cobran el precio de mercado de ese día más una prima fija que paga el gobierno. Sin embargo, los productores fotovoltaicos no van a mercado, ni tampoco reciben primas por su producción. Tienen una tarifa regulada por ley que es fija durante todo el año y que cobran independientemente de la fluctuación de los precios del mercado.
Por lo tanto, es un error de hablar de ayudas al sector fotovoltaico, ya que este sector no recibe tales ayudas.
Entonces, ¿dónde está el problema? En 2004 se establece mediante Real Decreto 436/2004 el porcentaje sobre la tarifa media regulada (TMR), que se asignará a la producción fotovoltaica. Se asigna un porcentaje del 575% sobre esta tarifa a la producción fotovoltaica obtenida con instalaciones de menos de 100 kW, quedando fijado su precio en 0,42 €/kWh. Las instalaciones de potencia superior a 100 kWh se benefician de una asignación del 300% de la TMR, quedando fijado su precio en 0,219 €/kWh.
Durante el año 2007 se aprobó el Real Decreto 661/2007 por el que se desligaba el pago al productor de energía solar fotovoltaica de la TMR. Las tarifas reguladas para instalaciones con potencias inferiores a 100kW quedaron fijadas en 0,44 €/kWh producido.
Aquí se produjo el gran error por parte del gobierno. No se valoró correctamente el coste que suponía la promoción de nuevas instalaciones solares fotovoltaicas sobrevalorando la tarifa que se iba a conceder al productor. Los fabricantes rápidamente hicieron sus cuentas y se dieron cuenta de que podían vender los paneles a más de 6.000 € el kWp. Aun así los pedidos superaban ampliamente su capacidad de producción. El bajón en el precio de la tarifa en el año 2008 hizo que los fabricantes disminuyeran el precio de sus paneles por debajo de 2.000 € el kWp. No obstante, siguieron vendiendo y obteniendo, naturalmente, beneficios.
Está claro que no se cuantificó correctamente el coste real que suponía promover una instalación fotovoltaica. El promotor siempre actuó de buena fe y ahora tiene que pagar los errores de un Ministerio de Industria que no supo estar a la altura.
